Los atentados de La Rambla y de Cambrils del año 2017 fue también un fracaso policial. Un grupo de amigos, primos y hermanos planearon y ejecutaron un atentado terrorista que, aunque no salió como habían pensado, mató a 16 personas. Ni los Mossos, ni ninguna otra policía, detectaron lo que esos jóvenes fraguaban desde Ripoll, un pequeño pueblo en el corazón de Cataluña, que ahora gobierna el partido xenófobo Aliança Catalana. “La red de prevención que teníamos, con prisiones, ejecución penal, policía de proximidad y educación, resultó insuficiente. Lo que hicimos después fue ampliarla, añadir a protección de menores, servicios sociales, entidades religiosas y asociativas, a los agentes rurales…”, explica el subjefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra, el intendente David Sánchez. Desde entonces, la filosofía de la policía catalana es avanzarse antes de que sea demasiado tarde. Solo en 2024, han detectado 159 personas, la mayoría jóvenes, en riesgo de radicalización, y solo 14 han acabado en manos de la Fiscalía (cuatro de ellos en la de menores). El resto de situaciones las han revertido. “Llegamos a la conclusión de que hace falta una apuesta firme por la prevención, y trabajar con muchos más actores que estén en contacto directo con la ciudadanía”, añade Sánchez, en una filosofía policial atípica, en la que no priman las detenciones.
