Los comunes y el Govern de Salvador Illa han vivido este miércoles en el Parlament un encontronazo a propósito del megacasino del Hard Rock (en Tarragona), que precipitó el fin de la última legislatura y no deja de provocar sobresaltos en esta nueva etapa. La líder del grupo parlamentario de los comunes, Jéssica Albiach, ha aprovechado la sesión de control al president para anunciar que pedirán la comparecencia de la consejera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ante el “desbarajuste” de informes que envuelven el proyecto recreativo, que ahora mismo aguarda la aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU) y la decisión final de sus promotores. El popular Juan Fernánez ha hecho lo propio poco después al acusar al Govern de ocultar información.
Junts tiende la mano al Govern para pactar 500 millones de inversión
Junts per Catalunya ha tendido la mano este miércoles al Govern para aprobar un paquete de medidas económicas urgentes por valor de unos 500 millones de euros. Illa está negociando ampliaciones de crédito con sus socios, ERC y los comunes, y Junts ha abierto la puerta a liderar esta iniciativa registrando un proyecto de ley por lectura única. En su respuesta en la sesión de control, Illa ha afirmado que estudiará la propuesta y que negociará siempre y cuando no contradiga los acuerdos de investidura. «De aquí no me moveré», ha alertado..
Albert Batet, presidente del grupo de Junts, ha alegado que el Ejecutivo está paralizado y que está anunciando planes por valor de 20.000 millones de euros sin contar con presupuestos. Illa ha rebatido esa lectura y ha asegurado que e Govern está dando pasos con esos dos planes y con proyectos como el de municipios rurales, el del amianto o el de la revisión del sistema de salud. «¿Qué harán ustedes? ¿Harán su aportación? No creo que sea el caso pero a veces da la impresión de que se alegran de que no haya prsupuestos», ha señalado. La proposción de ley de Junts cuenta con siete artículos: los más importante contempla invertir 400 millones en vivienda y en actualizar los módulos de la educación concertada por un valor de 50 millones de euros. El documento prevé también aumentar las tarifas del sector social (sin cuantificar); 20 millones para el pacto nacional de salud mental; siete para la atención integrada social y sanitaria y 20 para investigación.
