Los ministros de Justicia y de Interior de la UE votarán este viernes una propuesta para modificar la directiva que penaliza la facilitación de la migración irregular. El texto es controvertido porque, según sus detractores, abrirá la puerta a que los Estados criminalicen a los propios migrantes y a personas y organizaciones que puedan actuar en solidaridad con ellos. La nueva normativa deja en manos de cada país la decisión de medir con el mismo rasero a los socorristas de un barco de salvamento humanitario, al pasajero de un cayuco que esté sentado cerca del timón, o dirigiéndolo, y al auténtico contrabandista de una red de tráfico de personas que se lucra con ello.
