El terremoto de la abortada ley marcial sigue sacudiendo Corea del Sur. Y el cerco se estrecha cada vez más en torno a quien trató de imponerla. La Policía ha acudido este miércoles al complejo presidencial en Seúl con una orden para registrar varias dependencias, incluidos el despacho del jefe del Estado, Yoon Suk-yeol, la sala de reuniones del Gabinete, el Servicio de Seguridad Presidencial y el edificio del Estado Mayor Conjunto, en cuyo sótano se ubicó la sala de situación durante las seis horas que duró la ley marcial. La operación es uno de los primeros zarpazos serios de la investigación en marcha que señala a Yoon como “líder” de una “insurrección”.
